miércoles, 13 de abril de 2011

 

TINKU VERBAL

Decreto 21060

Decreto 21060

Andrés Gómez Vela

Exigir la abrogación del es como proponer derogar con una ley congresal la ley de la gravedad. Al hacer esta solicitud, la COB reproduce, sólo que en sentido
contrario, la demagogia del gobierno que, a través del Vicepresidente Álvaro García Linera, aseguró, hace tiempo, que ese inefable instrumento jurídico ya había sido enterrado bajo tierra.
La teoría dice que un decreto anula a otro, pero la experiencia enseña que ni 100 decretos anulan la realidad; menos si ésta tiene origen en la mente de las personas y se traduce en sus más mínimas prácticas diarias, empezando por los gobernantes, pasando por los mineros y terminando en los cocaleros.
El gobierno quiso anular el 21060 con el discurso del “vivir bien”, pero se chocó con la realidad de los cooperativistas mineros que contratan peones bajo la libre oferta y demanda y con la cotidianidad de los cocaleros que administran sus propiedades al ritmo de las reglas del mercado y emplean gente exenta de las más mínimas reglas laborales.
Estas prácticas “veintiunocerosesentianas” también las observamos en la burocracia gubernamental cuando contrata empleados tomando en cuenta la militancia partidaria, antes que la excelencia, como solían hacerlo los autores y defensores del 21060 durante su uso y goce del poder.
Debemos saber que el derecho refleja el hecho, por tanto, mientras el 21060 esté en la mente de las personas, y por supuesto de los trabajadores, estará en la vida, y ésta no se cambia con decretazos, sino con educación, hechos y proyectos reales cimentados en las aspiraciones sociales.
Es que el 21060 no es un simple decreto, es el soporte ideológico del neoliberalismo en Bolivia, que, por demás está decirlo, es un sistema de vida, más que un simple modelo económico, porque termina poco a poco, no sólo con los derechos laborales, sino hasta con las prácticas sociales ancestrales: el ayni; y las prácticas económicas comunitarias; el trueque. Algo peor, incuba el individualismo secante y desvergonzado y encarrila a las personas en una desenfrenada carrera por convertir la inescrupulosa y descomunal acumulación de riqueza en el fin último de su existencia.
He aquí una de las explicaciones de los cambios que ha sufrido el mapa geográfico de los ricos, cuyos emblemáticos representantes ahora están en las zonas del comercio floreciente e ilegal y ya no entre los pobladores de los barrios tradicionales acomodados, quienes, por “vivir bien” (en una casita y con un autito), se han endeudado por los próximos 20 años. A los nuevos opulentos no hay cómo obligarles a compartir su riqueza vía impuestos, más si se han declarado, desde el espacio de la ilegalidad, partidarios del proceso de cambio.
El conflicto laboral de estos días es el absurdo choque de dos bandos demagógicos: los dirigentes de la COB, que exigen lo que no lograrán así consigan un decreto que legalmente anule el 21060; y los del gobierno, que trastabillaron en su propia mentira cuando prometieron acabar con el neoliberalismo antes de que cante un gallo.
Después de todo, es curiosa la vida, el país tiene una Constitución Socialista que reproduce el neoliberalismo; un gobierno que nació con el objetivo de matar al decreto que ahora lo defiende con sutileza; y un grupo de sindicalistas que moviliza a sus bases —con demandas maximalistas— en nombre del pueblo, cuando apenas representa al 10% de Bolivia.
Los decretos y las leyes cambian la vida cuando parten de la realidad, pero se convierten en simples papeles cuando son el resultado de la incoherencia entre el decir y el hacer de la mayoría de la gente y sus gobernantes. Exigir acabar con el 21060 ahora mismo es como proponer acabar con la corrupción de la policía con una ley y en un plazo de 90 días.
Dadas las circunstancias, al 21060 aún le quedan muchos años.


(*) Andrés Gómez es director ejecutivo nacional de la red Erbol